Juan Francisco Otálora dijo que "el presidente Valcárcel ha perdido toda la autoridad en Totana, pues después del ultimátum que le dio a Martínez Andreo hace tres semanas, éste sigue pensando si hacerle caso o no y se niega a abandonar el sillón municipal".
Insistió en que "el empecinamiento del alcalde está perjudicando seriamente el desarrollo económico y el futuro de Totana; que la crítica situación económica de más de 80 millones de euros de deuda, y el clima de confrontación social que está provocando como estrategia de defensa son nefastos para la convivencia y para poder superar el complicado momento de un pueblo que tiene un alcalde imputado por nueve delitos gravísimos y que, de momento, ha estado dos meses en la cárcel".
Otálora dijo que "ante la situación de corrupción que la justicia está investigando en Totana, hay que tomar decisiones contundentes". “Contra la corrupción, tolerancia cero, venga de donde venga”, afirmó. De esta manera le pareció adecuada la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular expresada por su portavoz Sáenz de Santamaría, que han presentado a la Diputación Permanente de la Cámara, que debatan la disolución inmediata de ayuntamientos corruptos, concretamente del de Estepona.
El portavoz socialista anunció que "van a remitir tanto a la portavoz popular, como al portavoz socialista Alonso, un amplio dossier sobre las corrupciones en el Ayuntamiento de Totana, de manera que se debata la disolución de ambos consistorios y se pueda recuperar la esperanza y la normalidad democrática con un gobierno municipal elegido por los vecinos que se ponga a trabajar cuanto antes para recuperar el buen nombre de Totana y el quehacer ordinario de la corporación".
Añadió que “es importantísimo que los totaneros pasemos página cuanto antes de esta situación de anormalidad que atraviesa nuestro pueblo y que la presencia del alcalde imputado deje de poner en cuestión ante la ciudadanía la gestión y la administración pública, así como la de los funcionarios y la de los políticos”.
“El descrédito que casos como el de Totana o el de Estepona infligen a las instituciones públicas sólo pueden revertirse con una actuación decidida de los poderes públicos que persiga el inmediato restablecimiento de la normalidad democrática e institucional del Ayuntamiento, de modo que se contribuya a recuperar la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de las instituciones”, ha finalizado Otálora.
